Fuente: elcolombiano.com
Níquel, cobre, cobalto, litio, carbón, aluminio, plástico, hidróxido de potasio, metales ferrosos, estaño, antimonio, además de oro, silicio y plata, son todos elementos necesarios para fabricar un teléfono celular. Estos materiales, junto con los teléfonos móviles viejos, terminan en basureros y rellenos al aire libre, acompañados de cientos de miles de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que incluyen desde cables y pilas hasta memorias USB y electrodomésticos de todo tipo.
Según el Foro Económico Mundial, el correcto aprovechamiento de estos residuos, mediante la extracción responsable de metales y la reutilización de otros materiales como el plástico, podría generar un próspero negocio de 62.000 millones de dólares anuales.
En lugar de eso, los RAEE se han convertido en un problema para el planeta. Según la ONU, en 2019 se produjeron 53,6 millones de toneladas de estos residuos, de los cuales solo el 17 % fue gestionado adecuadamente.
El panorama local
En Colombia, según el Global e-waste monitor, el país generó 318.000 toneladas de RAEE en 2019, posicionándose como el cuarto mayor productor de estos residuos en América Latina, detrás de Brasil, México y Argentina.
La tasa de reciclaje de estos residuos en Colombia es de aproximadamente el 20%. Aunque esta cifra aún es baja, el país es considerado un pionero en la región en cuanto a políticas para el manejo de estos residuos. Estas políticas se implementaron hace 15 años, en una época en la que gran parte del mundo aún no reconocía a los RAEE como un problema ambiental y de salud pública.
En síntesis, la gestión de los RAEE en Colombia sigue esta ruta: las empresas o administraciones locales organizan jornadas o establecen puntos fijos para la recolección de estos residuos. Luego, se realiza una valoración y separación para determinar qué elementos de los aparatos pueden extraerse y reutilizarse en otro ciclo industrial, cuáles deben ser destruidos adecuadamente y cuáles pueden repararse para tener un nuevo uso mediante donaciones, por ejemplo, a fundaciones.
Diego Ocampo, coordinador del Grupo de Sustancias Químicas, Residuos Peligrosos y UTO del Ministerio de Ambiente, destacó que la Ley 1672 de 2013 fue un hito importante, ya que obligó a las empresas que importan, comercializan o utilizan este tipo de aparatos a diseñar un plan de manejo de estos residuos y a garantizar el acompañamiento al consumidor para su recolección y disposición. Antes de esta ley, estas actividades eran voluntarias o motivadas por resoluciones parciales, pero la ley sentó las bases para una mayor conciencia sobre un problema que no se concebía como tal.
Desde entonces, el país ha perfeccionado esta estrategia. En 2017 se promulgó la Política Nacional de RAEE, que, según Ocampo, fortaleció el vínculo entre el gobierno y el sector privado para garantizar el marco legal y la inversión necesarios para lograr una verdadera economía circular a partir del manejo de estos residuos.
Una muestra de esto es la estrategia recientemente lanzada por el Ministerio de Ambiente, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, destinada a desarrollar tecnología para una mejor disposición del mercurio usado, por ejemplo, en equipos médicos. El país también contará con una nueva planta para producir resinas de fotocurado que reemplazarán las amalgamas dentales que contienen este elemento.
Sebastián Santa, experto en posconsumo y coordinador del programa Empleos Verdes en la economía circular, afirma que es crucial desarrollar alta tecnología y formalizar el reciclaje de estos residuos.
“En este contexto, el reciclaje informal puede ser incluso más perjudicial que no gestionar estos aparatos en absoluto. Esto se debe a que elementos como el mercurio y el cadmio requieren una manipulación precisa, y la extracción de componentes útiles a menudo implica el uso de sustancias como el cianuro y otros químicos en procedimientos que generan quemas peligrosas y nuevos contaminantes. Formalizar el reciclaje y educar sobre los riesgos asociados con el reciclaje informal es fundamental para proteger a las personas que, en su afán de obtener ingresos, se exponen a graves peligros”, comenta.
Silvia Gómez, coordinadora de Greenpeace Colombia, destaca la necesidad de “reforzar la responsabilidad extendida de las empresas para la disposición final de los productos que comercializan”.
Greenpeace también sostiene que la responsabilidad de la industria y los gobiernos no puede limitarse a programas de posconsumo, especialmente cuando gran parte de la crisis se debe a estrategias de obsolescencia, es decir, la reducción de la vida útil de los productos mediante características de fábrica o la dificultad de encontrar repuestos.
Finalmente, los expertos coinciden en que la conciencia del consumidor es fundamental. Extender la vida útil de los aparatos electrónicos, adquirir productos que realmente satisfagan una necesidad y conocer la huella ambiental de cada dispositivo son acciones clave para mitigar las consecuencias globales.